RIO DE JANEIRO / MADRID, 12 de marzo de 2015 (LatinReporters.com) – El escándalo de corrupción en la empresa petrolera estatal Petrobras ha provocado un terremoto político en Brasil del que no escapa la presidenta, Dilma Rousseff, para quien grupos opositores reclaman su destitución a través de un juicio político (impeachment) ante el Congreso.
La Corte Suprema de Brasil conmocionó al país al autorizar esta semana a la policía para que investigue a 49 aforados, entre ellos 34 parlamentarios y 12 ex diputados tanto del oficialismo como de la oposición, por su presunta implicación en el desvío durante años de recursos de Petrobras, estimados en 4.000 millones de dólares.
Entre los políticos investigados hay importantes ex-colaboradores de Rousseff: cuatro ex-ministros, el tesorero de su partido y el coordinador de su campaña electoral en 2010.
La lista negra incluye al presidente del Senado, Renan Calheiros, y de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, el actual senador y expresidente Fernando Collor de Mello y cuatro ex ministros de Rousseff: los senadores Edison Lobao (Minas y Energía) y Gleisi Hoffmann (Presidencia) y los ex diputados Mario Negromonte (Ciudades) y Antonio Palocci (Presidencia).
El caso que se investiga desde hace un año ha llevado ya a prisión a exdirectivos de Petrobras y a un grupo de empresarios que participaban en fraudulentos acuerdos con la petrolera brasileña. Algunos colaboraron con la justicia a cambio de una futura reducción de penas y denunciaron que los sobornos eran favorecidos por políticos de todo el arco parlamentario.
Derrumbe del valor bursátil de Petrobras
Según las pesquisas judiciales, los empresarios lograban contratos con Petrobras en los que inflaban los precios y después repartían esa diferencia de dinero con directores de la petrolera y con políticos, que recibían las coimas directamente o en forma de donaciones para sus campañas electorales.
Así, la petrolera estatal, que aporta el 13 por ciento del PIB del país y emplea a 87.000 personas, ha pasado de ser el orgullo nacional a concitar críticas generalizadas de la población.
La multinacional brasileña fue clasificada en 2009 como la primera empresa de América Latina, con una cifra de negocios que superaba a la de la petrolera mexicana PEMEX y de la venezolana PDVSA. En 2010, la ampliación de su capital la convirtió en la cuarta mundial en términos de capitalización bursátil.
Sin embargo, como consecuencia del escándalo de corrupción, desde octubre de 2014 su valor bursátil descendió más del 50%, se han paralizado numerosos contratos y, según los sindicatos, más de diez mil trabajadores han perdido sus empleos.
Las revelaciones sobre la sofisticada trama de corrupción con la que operó durante una década la estatal brasileña amenazan con desestabilizar la coalición gubernamental y a su presidenta que un mes después de iniciar el segundo mandato ha visto caer su popularidad en febrero al 23 por ciento.
Para el domingo 15 de marzo se han convocado manifestaciones a través de las redes sociales en varias ciudades contra Dilma Rousseff, que fue contestada una semana antes durante una alocución televisada sobre sus planes de ajuste fiscal para reactivar la economía con caceroladas, bocinazos y apagones de luces por todo el país.
Por su parte, el gubernamental Partido de los Trabajadores (PT, izquierda), la Central Única de Trabajadores (CUT) y otros movimientos sociales han convocado para este viernes 13 otra jornada de movilización en defensa de la petrolera estatal Petrobras y de la estabilidad política.
Reclamación de un juicio político contra Dilma Rousseff
El principal afectado por la trama de corrupción es el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB - centro derecha), principal aliado del gobierno de Dilma y primera fuerza política del Senado y la segunda en la Cámara de Diputados, aunque también toca de lleno al PT.
Las denuncias sobre la red de corrupción provocaron la renuncia del directorio de Petrobras, incluida la de su presidenta María das Graças Foster, muy cercana a Dilma Rousseff.
Uno de cada dos ciudadanos cree, según las encuestas, que la presidenta conocía lo que ocurría dentro de Petrobras. Y aunque la Corte Suprema no ha considerado que Dilma Rousseff deba ser investigada, varios sectores políticos y sociales la consideran responsable y piden que se le abra un juicio político que, caso de iniciarse implicaría según la ley la suspensión en su cargo durante seis meses mientras se realiza el proceso. El periodo interino en ese supuesto sería asumido por el vicepresidente Michel Temer, que es también presidente del PMDB.
Sometido a un proceso parecido en 1992, también por un asunto de corrupción, el entonces presidente Fernando Collor de Mello dimitió la víspera de su destitución por el Senado.
La apertura de un proceso político ante el Congreso debe ser aprobada por dos tercios de los diputados y la destitución por dos tercios de los senadores. Parece improbable, al menos hoy, que esas mayorías cualificadas puedan darse contra la presidenta Rousseff, apoyada por una coalición gubernamental de nueve partidos que van desde el centro a la extrema izquierda.
Los cuatro mayores partidos representados en el Congreso están señalados por el escándalo: el PT, en el poder desde la llegada a la presidencia de Luiz Inacio Lula da Silva en 2003, el PMDB, el Partido Popular (PP), los tres en la coalición gubernamental, y el Partido Socialdemócrata Brasileño (PSDB), en la oposición.
Frenada la ambición internacional de Brasil
Con el país al borde de la recesión, el escándalo de Petrobras debilita aún más la economía y frena la ambición internacional de Brasil para erigirse como líder regional y tener más cuota de poder en los órganos decisorios mundiales como corresponde a su posición de sexta economía del planeta.
En los últimos tres años, la tasa de crecimiento promedio fue del 2% anual y en 2015 se prevé una contracción del 0,50%, agravada por una inflación estimada en el 7,5%.
El auge de la demanda y del precio de las materias primas impulsaron durante años la economía de Brasil con un fuerte crecimiento de sus exportaciones de petróleo y soja, pero la situación se ha revertido por la caída de las compras por parte de China, su principal socio comercial.
A ello se suma una persistente sequía que ha obligado a algunas ciudades a racionar el agua mientras que camiones cisternas tienen que abastecer a muchos pueblos, lo que también afecta a la subida del precio de alimentos básicos.
Con la confianza hacia sus políticos bajo mínimos unido a la preocupación por la marcha de la economía, Brasil parece haberse instalado en el pesimismo. Analistas auguran que los próximos años serán inestables para Rousseff y los problemas del gigante sudamericano de 200 millones de habitantes pueden tener repercusiones en todo el continente.
