BARCELONA, martes 10 de noviembre de 2015 (LatinReporters.com) – Una resolución anunciando “el inicio del proceso de creación del Estado catalán independiente bajo forma de república” ha sido aprobada el 9 de noviembre en Barcelona por el Parlamento de Cataluña.
A seis semanas de las elecciones legislativas nacionales, el desafío independentista de una región de 7,5 millones de habitantes que representa el 20 % del PIB de España domina la pre-campaña electoral y parece reforzar a la derecha gubernamental.
“Desconexión democrática”
La mayoría absoluta (72 votos sobre 135) del Parlamento catalán nacido de las elecciones regionales del 27 de septiembre se ha comprometido, en los términos de la resolución, a que “el proceso de desconexión democrática no se supeditará a las decisiones de las instituciones del Estado español, en particular del Tribunal constitucional”.
La resolución prevé también el lanzamiento en un plazo de 30 días de trabajos parlamentarios relativos a la elaboración de una Constitución catalana y a la puesta en marcha de una administración fiscal y de una seguridad social propias.
Pide de otra parte al próximo gobierno regional, en difícil gestación, cumplir “exclusivamente las normas o mandatos” que emanen del Parlamento catalán.
Finalmente, siempre según la resolución, el Parlamento catalán informara al “Estado español, la Unión Europea y al conjunto de la comunidad internacional” de su disposición a negociar la creación de la República catalana.
“Tengo el honor y la responsabilidad de defender la propuesta de resolución con la cual lanzamos solemnemente la construcción de un nuevo Estado, un Estado catalán, una República catalana”, había declarado antes del voto de los parlamentarios Raúl Romeva, cabeza de lista de la coalición independentista Junts pel Sí (JxSí, Juntos por el Sí).
En el escrutinio del 27 de septiembre, centrado en la cuestión de la secesión, esta coalición y los separatistas anti-capitalistas del pequeño partido CUP (Candidatura de Unidad Popular) habían obtenido la mayoría absoluta en escaños, pero no en votos (47,8%). Según ellos, este apoyo es suficiente para lanzar el proceso de independencia, que esperan concluir en menos de dieciocho meses.
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Raúl Romeva, portavoz de la coalición independentista Junts pel Sí (JxSí, Juntos por el Sí), el 9 de de noviembre de 2015 en la tribuna del Parlamento catalán. (Captura de pantalla) |
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“Golpe de estado civil”
Nunca desde la muerte de Franco, en 1975, y el fin de su dictadura, España ha sido sacudida por tal desafío institucional, a excepción tal vez de la detención del Parlamento nacional y de todos los ministros durante el golpe militar abortado del 23 de febrero de 1981.
Este recuerdo incita al socialista histórico Alfonso Guerra, ex-vicepresidente del gobierno, a acusar a los independentistas catalanes de “golpe de Estado civil”.
Varios días antes del voto de la resolución, cuyo texto era conocido, el influyente diario madrileño de centro izquierda El País calificaba la deriva soberanista catalana de “la peor crisis institucional que vive España desde el restablecimiento de la democracia”.
Una hora apenas después de la aprobación de la resolución, el presidente del gobierno conservador español, Mariano Rajoy, anunciaba en la televisión un consejo de ministros extraordinario que firmará el 11 de noviembre el recurso gubernamental ante el Tribunal constitucional. Se trata de obtener “la suspensión inmediata de la resolución y de todos sus posibles efectos”.
Amenaza velada de Mariano Rajoy
Calificando de “obligatoria” esta primera medida, Rajoy añadía: “Me gustaría no tener que tomar ninguna otra decisión”.
¿Qué encubre esta amenaza velada? El gobierno rehúsa explicar su estrategia en caso de persistencia del desafío independentista. Medios y analistas españoles evocan una eventual primera aplicación del artículo 155 de la Constitución, que significaría la suspensión de la autonomía regional catalana.
Destitución, multas de 3.000 a 30.000 euros y penas de prisión de 10 a 15 años amenazarían también a los responsables independentistas irreductibles.
Paradójicamente, la situación parece reforzar a Mariano Rajoy. Representando desde hace varias semanas el papel de defensor de la nación frente al peligro secesionista, ha parado en los sondeos la caída de su Partido Popular (PP, derecha), a pesar de estar minado por la corrupción y por una austeridad draconiana que un principio de reactivación económica disimula apenas.
“Mientras yo sea presidente del gobierno, no habrá secesión catalana”, repite Rajoy, esperando incitar así a los españoles a plebiscitar el PP en las legislativas del 20 de diciembre.
Asumiendo “la responsabilidad de liderar la respuesta del Estado ante el desafío” del independentismo catalán, el presidente del gobierno ha obtenido en este marco la colaboración de la oposición socialista y del partido emergente de centro derecha Ciudadanos.
“Fábrica de independentistas”
Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, el partido de los indignados, rechaza unirse a este “bunker” anti-separatista. Aunque se opone a la secesión de Cataluña, propone dejar a los catalanes pronunciarse libremente sobre la cuestión en un verdadero referéndum.
El líder de Podemos acusa por otra parte al PP de Mariano Rajoy de haber sido “una fábrica de independentistas”, especialmente al utilizar políticamente al Tribunal constitucional, que ha recortado en 2010 el estatuto de autonomía ampliado de Cataluña.
Por ahora, sobresaltos institucionales de consecuencias imprevisibles parecen probables. Pero el desafío independentista podría desmoronarse si JxSí y la CUP no se ponen de acuerdo en el nombre del presidente catalán.
La CUP niega sus votos al presidente saliente y candidato de JxSí a un nuevo mandato, Artur Mas, que pronunció su discurso de investidura algunas horas después del voto de la resolución independentista. La izquierda anti-capitalista le considera unido a la corrupción y a la austeridad en Cataluña.
