CARACAS, domingo 3 de enero de 2016 (LatinReporters.com) - La “suspensión provisional”, por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela por posibles irregularidades, de la elección de varios diputados pone en peligro la mayoría parlamentaria estratégica de dos tercios conquistada en las elecciones legislativas del 6 de diciembre por la oposición. Ésta clama contra un “golpe de Estado judicial” del presidente Nicolás Maduro.
La duda planea por tanto sobre el alcance de la alternancia parlamentaria que concretizará, el 5 de enero, la instalación de la Asamblea Nacional (AN) renovada. Este Parlamento monocameral estará además en competencia con un inédito “Parlamento Comunal Nacional” instaurado por Maduro.
La polémica es viva, pues, súbitamente incierta, la mayoría cualificada de dos tercios (112 diputados sobre los 167 de la AN) debía permitir a la oposición reformar o derogar las leyes fundamentales del chavismo (régimen del difunto presidente Hugo Chávez, del que Maduro es heredero), convocar referendos, en especial sobre tratados internacionales y la revocación del presidente de la República, modificar la composición del TSJ, revisar la Constitución o convocar una Asamblea Constituyente.
La instalación misma de la Asamblea corre el riesgo de ser agitada, al punto que la oposición ha pedido al ejército que la garantice. En efecto, movimientos chavistas han llamado a manifestarse el 5 de enero contra “la derecha apátrida” y aliada al “imperialismo contrarrevolucionario” que encarnaría la nueva mayoría.
“Dos modelos que se excluyen mutuamente”
Para medir la amplitud del conflicto que opondrá a los dos poderes esenciales de Venezuela, el ejecutivo presidencial de Nicolás Maduro y el legislativo dominado por la oposición, se puede citar a Diosdado Cabello y a Henry Ramos Allup.
“Es inevitable la confrontación. Son dos modelos; el capitalista que ustedes quieren restaurar y el socialista que nosotros nos empeñamos en defender y llevar adelante. Se van a confrontar, no hay ninguna duda porque van a ser mutuamente excluyentes”, lanzaba el 23 de diciembre a la oposición Diosdado Cabello, número dos del régimen en su calidad de presidente saliente de la Asamblea Nacional y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSUV gubernamental.
“Los acuerdos suscritos y ratificados por todos quienes integramos” la Mesa de la Unidad Democrática (MUD, plataforma que reagrupa los partidos de la oposición) asegurarán, “dentro del lapso de seis meses subsiguientes a la toma de posesión de la nueva Asamblea Nacional, una solución constitucional, democrática, pacífica y electoral para el cambio del Gobierno” (es decir para apartar del poder al presidente Maduro), replicaba el 27 de diciembre en el diario Nuevo País Henry Ramos Allup, secretario general de Acción Democrática, uno de los partidos esenciales de la MUD.
En este clima de guerra institucional, la MUD denunciaba el 30 de diciembre el llamado “golpe de Estado judicial”, solicitando “la activación de mecanismos para lograr que la voluntad de cambio del pueblo venezolano sea respetada” en una carta dirigida a la ONU, la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, el Mercosur (Mercado Común Suramericano) y Unasur (Unión de Naciones Suramericanas).
La pérdida de un sólo elegido impediría a la oposición remover las bases del chavismo
Concretamente, el Tribunal Supremo de Justicia ha admitido siete recursos presentados por candidatos chavistas del PSUV no elegidos contestando la validez de las elecciones legislativas en tres Estados. Presuntos fraudes e irregularidades electorales, entre ellos la compra de votos y la suplantación de electores fallecidos, habían sido anteriormente denunciados por el presidente Maduro y el jefe de campaña electoral del PSUV.
Hasta ahora, el TSJ se ha limitado a ordenar “de manera provisional e inmediata la suspensión de los efectos” de la elección de cuatro diputados del Estado de Amazonas, tres de ellos de la MUD.
La decisión priva al menos provisionalmente a la coalición de la oposición de su mayoría parlamentaria cualificada de 112 diputados. El conjunto de los recursos convierte en incierta la elección de un total de ocho opositores, cuando la pérdida de uno solo de ellos privaría definitivamente a la MUD del quorum de los dos tercios, indispensable para remover los fundamentos legislativos de la revolución bolivariana lanzada en 1999 por Hugo Chávez.
El 23 de diciembre, durante la última sesión del Parlamento dominado desde hace dieciséis años por los chavistas, estos aprobaron el nombramiento en el TSJ de 34 magistrados que la oposición estima cercanos al poder presidencial. El supuesto “golpe de Estado judicial” era denunciado una semana más tarde.
El presunto sometimiento al presidente Maduro del TSJ, cuya sala constitucional es guardiana de la Carta Magna, podría también permitir al poder chavista contrarrestar iniciativas legislativas anunciadas por la oposición para, entre otras, amnistiar a “prisioneros políticos”, devolver al sector privado empresas expropiadas u otorgar a los beneficiarios de la “Misión vivienda” títulos de propiedad que debilitarían el clientelismo gubernamental.
“Parlamento Comunal Nacional” inédito
Otra muralla chavista contra la alternancia parlamentaria: la instauración de un “Parlamento Comunal Nacional”, que sesionará desde el 4 de enero en Caracas en el Cuartel de la Montaña. Este lugar simbólico de la revolución bolivariana acoge el mausoleo de Hugo Chávez, fallecido en 2013.
Este Parlamento paralelo reúne a representantes chavistas de las “comunas populares”, estructuras de poder participativo, consideradas como la piedra angular del socialismo del siglo XXI promovido por Chávez.
Estos organismos cortocircuitan las municipalidades y los Estados venezolanos, para unirse directamente a la presidencia de la República. Pero aunque una ley de diciembre de 2010 (Ley Orgánica de las Comunas) contempla Parlamentos comunales a nivel local, nunca se había planteado un Parlamento Comunal Nacional.
El presidente Maduro ha anunciado su intención de “dar todo el poder” a esta nueva “instancia legislativa del pueblo”. Diosdado Cabello ha explicitado que “el Parlamento Comunal [nacional] es una subversión pacífica contra un Parlamento burgués” (la AN).
Finalmente, un “gran congreso de la Patria para el renacimiento del bolivarianismo” debería ser convocado antes de finales de enero por Nicolás Maduro. Después de haber reconocido su derrota en las legislativas, el jefe de Estado pretende ahora lanzar “una nueva etapa de la revolución” para oponerse a “la derecha fascista contrarrevolucionaria que ha obtenido un éxito electoral”.
Un desafío difícil con una crisis económica sin precedentes, ampliada por el hundimiento del precio del petróleo bruto, principal recurso de Venezuela.
