CARACAS, 9 marzo 2016 (LatinReporters.com) - La oposición venezolana, mayoritaria en el Parlamento, ha anunciado ayer el lanzamiento de una ofensiva global, en tres frentes, para echar del poder al presidente chavista Nicolás Maduro, elegido para el período 2013-2019.
Movilizaciones populares “pacíficas”, la primera el sábado en Caracas, reclamarán en toda Venezuela la
dimisión del presidente.
Paralelamente, el Parlamento va a elaborar una enmienda constitucional dirigida a
reducir de seis a cuatro años el mandato del jefe del Estado. Ello permitiría, según la oposición, organizar “una elección presidencial este año”. [Ndlr: no es sin embargo hasta abril de 2017 que Maduro cumplirá cuatro años de su mandato.]
Simultáneamente también, los adversarios del régimen “inician”, dicen, el proceso de
referéndum para revocar al presidente Maduro.
Esta ofensiva global ha sido anunciada en conferencia de prensa en Caracas por Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), plataforma que reagrupa las diversas corrientes de la oposición antichavista.
Después de más de dos meses de bloqueos institucionales entre poder legislativo y ejecutivo presidencial, los oponentes al socialismo bolivariano ya no debaten sobre la elección de un método u otro para hacer caer al presidente. Han escogido en efecto recurrir a todos los métodos a la vez.
La MUD ha decidido “por unanimidad conformar el movimiento democrático de presión popular más grande que haya existido para activar todos los mecanismos de cambio democrático que se encuentran en nuestra Constitución”, ha afirmado Jesús Torrealba, rodeado del presidente del Parlamento, Henry Ramos Allup, y otros notables de la oposición.
Si el recurso a la calle en la esperanza de empujar a Nicolás Maduro a la dimisión puede concretizarse en lo inmediato, es por el contrario menos simple reducir por una enmienda constitucional de seis a cuatro años la duración del mandato presidencial.
Esta reforma que votaría el Parlamento debería ser considerada constitucional por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y después ser sometida a un referéndum nacional regido por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Pero estos dos organismos son considerados por numerosos analistas como fieles a la presidencia.
Referéndum revocatorio
En cuanto al referéndum para revocar al jefe del Estado, como lo autoriza el artículo 72 de la Constitución, es un proceso amplio y complejo que no podría ser formalmente lanzado antes del próximo 19 de abril, fecha que marca la mitad del mandato actual de seis años de Nicolás Maduro.
La convocatoria del referéndum debería ser solicitada por al menos el 20% del cuerpo electoral, osea por casi cuatro millones de venezolanos legalmente identificados.
A este respecto, más de uno se preguntará si es todavía arriesgado en Venezuela reclamar, con nombre y firma, una llamada a las urnas para desembarazarse del jefe del Estado. Los millones que lo hicieron contra Chávez para obtener el referéndum revocatorio ganado en agosto de 2004 por el líder bolivariano vieron su nombre publicado en internet por el hoy difunto diputado chavista Luis Tascón. Numerosos son los que afirmaron haber perdido por ello su empleo.
Y para que con el referéndum revocatorio propiamente dicho se concretice la revocación de Maduro, debería ser plebiscitada por al menos 7.587.532 votos, es decir el resultado obtenido por el actual presidente en su elección en abril de 2013.
Teóricamente, la MUD sería capaz de superar el obstáculo. Recolectó 7.726.066 sufragios en las legislativas del pasado diciembre.
Pero, aquí también, habrá que tener en cuenta al CNE. Este presunto aliado de la presidencia es y será el único organismo habilitado a dirimir cualquier diferendo electoral.
El primero de marzo, el otro presunto gran aliado institucional de Nicolás Maduro, el TSJ, había retirado al Parlamento, por tanto a la oposición, su derecho de vigilancia sobre el poder judicial y electoral.
A falta de poder expulsar a Maduro por uno u otro método, la oposición intentaría entonces, según dice, lanzar un proceso constituyente, o sea una puesta a cero del país – de su Constitución, de sus leyes y de sus instituciones – como lo hizo Hugo Chávez en 1999 para lanzar su revolución llamada bolivariana. Una empresa todavía más compleja y más arriesgada que la ofensiva en tres frentes anunciada ayer.
La guerrilla institucional se mezcla en Venezuela, país petrolero, a una grave crisis económica exacerbada por el hundimiento de los precios del petróleo bruto. Incertidumbres políticas y reveses económicos crean en su conjunto un clima explosivo.
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