CARACAS, domingo 13 de diciembre de 2015 (LatinReporters.com) – “Reversión de las expropiaciones” chavistas, eliminación de “la manipulación ideológica” de las ayudas sociales, independencia de los medios públicos y amnistía de los “prisioneros políticos”, están, entre otras medidas, en el menú de la “oferta legislativa” de la oposición, vencedora en las elecciones del 6 de diciembre en Venezuela.
Los resultados oficiales definitivos del escrutinio otorgan un 56,2% de los sufragios y 112 de los 167 diputados de la Asamblea Nacional unicameral, es decir la mayoría cualificada de dos tercios, a la oposición reagrupada en la plataforma Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
Sufriendo su primera derrota parlamentaria en 16 años de “revolución bolivariana” instaurada en 1999 por Hugo Chávez, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) del presidente Nicolás Maduro tuvo un 40,8% de los votos y 55 elegidos.
Después de haber reconocido su derrota, el jefe del Estado la atribuyó a una “guerra económica” dirigida por “el capitalismo salvaje” y anunció su intención de lanzar una “nueva etapa de la revolución” para oponerse a “la derecha fascista contrarrevolucionaria que ha obtenido un éxito electoral”.
“No es el momento de la cohabitación” (entre el legislativo y el ejecutivo presidencial) ha precisado Nicolás Maduro, juzgado sin embargo responsable de su fracaso por al menos dos antiguos ministros de Hugo Chávez.
Referéndum revocatorio
Es en este clima de guerrilla institucional que se abrirá la nueva legislatura el próximo 5 de enero por un periodo de cinco años. La mayoría estratégica de dos tercios de la MUD le permitirá teóricamente reformar o derogar las leyes fundamentales del chavismo, convocar referendos, entre otros sobre tratados internacionales, revisar la Constitución e incluso convocar una Asamblea Constituyente.
Además, la oposición podría estar tentada de promover un referéndum revocatorio que destituiría a Nicolás Maduro, elegido para el periodo 2013-2019, y permitiría una elección presidencial anticipada. Los votos para la revocación deberían en ese caso igualar o superar los 7.587.579 sufragios que llevaron a Nicolás Maduro a la presidencia en abril de 2013. Los 7.707.422 votos recaudados por la oposición en las legislativas del pasado 6 de diciembre indican que sería posible, pero con un margen relativamente estrecho que no garantizaría por adelantado el éxito de la operación.
El referéndum revocatorio no está sin embargo en el menú de “la oferta legislativa para el cambio” que los 112 diputados de la MUD y el sitio Internet de su plataforma han presentado el viernes.
“Reversión de las expropiaciones” … ¿por no decir desnacionalización?
Un punto de esta “oferta legislativa” poco comentado hasta ahora, aunque propicio a alimentar la beligerancia entre legislativo y ejecutivo, es una “ley de reversión expropiatoria”. Se trata, explica la MUD, de “establecer condiciones y garantías para que los inversionistas cuyas empresas han sido expropiadas o intervenidas puedan reactivarlas a la brevedad para lo cual se podrían establecer incentivos fiscales y acuerdos indemnizatorios”.
“La idea es privilegiar la reactivación de empresas en rubros esenciales como alimentos, medicamentos, productos de limpieza del hogar y aseo personal”, precisa la oposición, deseosa de remediar las penurias que afligen a los venezolanos.
En el mismo registro, la MUD propone también una “ley marco para el incremento de la productividad”. Esta ley “dejaría sin efecto la declaratoria de utilidad pública que pone en riesgo la propiedad de los activos de los empresarios privados y ordenaría la revisión de todas las leyes que establecen competencias discrecionales abiertas para expropiar, intervenir u ocupar empresas”.
Venezuela podría pues estar pronto agitada por la desnacionalización, aunque la oposición no se aventura a pronunciar abiertamente esta palabra en su “oferta legislativa”. ¿El gigante público Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) estaría incluido en esta batalla?
El presidente Maduro, que dispone todavía de amplias prerrogativas, puede recurrir a la Sala constitucional del Tribunal Supremo para frenar o torpedear leyes que acusaría de pisotear garantías constitucionales, por ejemplo en materia social. Y precisamente, la Asamblea Nacional, dominada por los partidarios de Nicolás Maduro hasta la víspera del próximo 5 de enero, podría reforzar la influencia del ejecutivo en el seno del Tribunal Supremo nombrando en los próximos días una decena de magistrados prochavistas.
La amnistía de los “prisioneros políticos”
Las trampas a las que estará confrontado el trabajo legislativo de la oposición son muy perceptibles si se considera su promesa de “ley de amnistía general” que daría la libertad a los 75 opositores que la MUD llama “presos políticos”. Entre ellos, el líder del partido Voluntad Popular, Leopoldo López, condenado a casi 14 años de prisión por haber inspirado las manifestaciones antigubernamentales que causaron 43 muertos en el primer semestre de 2014.
El presidente Maduro mantiene que Leopoldo López es culpable de “delitos de lesa humanidad” y de “violaciones graves de derechos humanos”, para los que la amnistía sería inconstitucional, pues está expresamente prohibida por el artículo 29 de la Carta fundamental.
En su composición actual, la Sala constitucional del Tribunal Supremo resolvería probablemente a favor de Nicolás Maduro.
En el sitio internet prochavista aporrea.org, Victor Álvarez Rodríguez, ex-ministro de Industrias de base y de Minas con Hugo Chávez, ha invitado a la oposición y al gobierno de Nicolás Maduro a entablar un “diálogo político para acordar un Gobierno de Unidad Nacional, con un programa básico que detenga el deterioro” de la economía.
Pero antes, sin duda tendrían que sosegarse las contradicciones entre moderados y radicales tanto en el seno del chavismo como en la oposición.
