El caso Nisman conmociona al país
Argentina: la presidenta relaciona la muerte del fiscal que la acusaba con un complot
BUENOS AIRES, 30 de enero de 2015 (LatinReporters.com) - Tres hipótesis, suicidio, suicidio asistido y asesinato, son las que maneja la investigación sobre la misteriosa muerte del fiscal federal Alberto Nisman, que acusaba a la presidenta Cristina Fernández de Kichner de obstrucción a la justicia.
El asunto origina gran consternación en Argentina y siembra dudas sobre la actuación del gobierno y de los servicios secretos del país. La presidenta habla de complot.
¿Quien mató a Nisman?, se preguntan los argentinos más de diez días después de su muerte. Más del 70% no cree en el suicidio del fiscal. Ante la falta de respuestas concretas, crece el escándalo político. Un aluvión de críticas cae sobre el ejecutivo por su gestión de lo que se ha convertido en el “caso Nisman”.
Los interrogantes y contradicciones se multiplican a medida que cada día aparecen más datos en los medios de comunicación pero sin un portavoz oficial que explique si la investigación avanza.
Alberto Nisman fue hallado muerto, con una bala del calibre 22 en la sien, la noche del 18 al 19 de de enero en su apartamento del lujoso barrio bonaerense de Puerto Madero. Por ahora ninguna razón explica su eventual suicidio sino que varias pistas apuntan a todo lo contrario.
La violenta muerte del fiscal le ha impedido confirmar delante de una comisión parlamentaria, el mismo día 19 de enero, su acusación contra la presidenta Cristina Fernández, el canciller Héctor Timmerman y otros dirigentes oficialistas por presunta obstrucción a la investigación sobre el atentado con coche bomba contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). El atentado causó 85 muertos y 230 heridos el 18 de julio de 1994 en Buenos Aires. Fue atribuido por la justicia argentina a Hezbolá e Irán.
Cristina Fernández rechaza la acusación del fiscal de haber intentado encubrir a Irán a cambio de desarrollo de las relaciones comerciales bilaterales.
Especialista en terrorismo internacional, el fiscal Nisman, de 51 años, estaba encargado desde 2004 del dosier del atentado contra AMIA. Este ataque terrorista, el más mortífero perpetrado jamás en Argentina, ha expuesto a Irán, que niega su implicación, a numerosas acusaciones públicas, incluso desde la tribuna de la ONU.
El misterio sigue rodeando la muerte de Nisman. Decía temer por su vida cuando pidió a un colaborador que le prestara... el arma que le mató. Tenía varias citas acordadas para la semana siguiente e incluso dejó escrita una lista de la compra para una asistenta. Su ex-mujer, la juez federal Sandra Arroyo, rechaza la tesis del suicidio y afirma que su ex-marido estaba amenazado de muerte.
La percepción de impunidad en este caso propio de una novela negra ha escandalizado a la sociedad argentina, que ha protestado en varias ocasiones en Buenos Aires para exigir una investigación exhaustiva sobre la muerte de Nisman.
Manifestantes agitaban carteles diciendo “Cristina asesina”. Medios importantes y los partidos opositores evitan, por su parte, disipar las hipótesis más desfavorables a la presidenta.
La presidenta argentina, que se precipitó el primer día en su página de Facebook en privilegiar la tesis del suicidio, rectificó dos días después para hablar de asesinato. Según ella, el fiscal Nisman habría sido manipulado y después sacrificado por antiguos agentes de los servicios secretos, en el marco de un complot contra el gobierno, con la complicidad de medios de comunicación, agentes económicos y magistrados.
El 26 de enero, en esta ocasión en televisión, Fernández reafirmaba su teoría de la conspiración antigubernamental, sentada en una silla de ruedas como consecuencia de un fractura en el tobillo, lo que proyectaba una imagen probablemente buscada de víctima. La jefa del Estado anunciaba entonces una reorganización de los servicios de inteligencia, que incluye la disolución del principal, la SI (Secretaría de Inteligencia).
Informador del fiscal Nisman, el ex-hombre fuerte de la SI, Antonio "Jaime" Stiuso, y otras responsables de este servicio, habían sido despedidos el pasado diciembre. Por esta razón, favoreciendo la acusación lanzada por la presidenta Fernández, algunos analistas admiten la posibilidad de que la muerte de Alberto Nisman se inscriba en una venganza urdida, entre otros, por destituidos de la SI.
Estimando su vida en peligro, Damián Pachter, primer periodista en haber informado de la muerte del fiscal, se ha refugiado en Israel.
La ONU y varios países piden, como los argentinos, el esclarecimiento de la sospechosa muerte de Alberto Nisman.
Un sondeo publicado el 25 de enero por la revista Perfil reflejaba que la imagen negativa de Cristina Fernández supera el 50 por ciento.
Las elecciones presidenciales y legislativas se celebrarán el 25 de octubre en Argentina. Al término de dos mandatos consecutivos, la presidenta Fernández no podrá, según la Constitución, presentarse a los comicios.
El asunto origina gran consternación en Argentina y siembra dudas sobre la actuación del gobierno y de los servicios secretos del país. La presidenta habla de complot.
¿Quien mató a Nisman?, se preguntan los argentinos más de diez días después de su muerte. Más del 70% no cree en el suicidio del fiscal. Ante la falta de respuestas concretas, crece el escándalo político. Un aluvión de críticas cae sobre el ejecutivo por su gestión de lo que se ha convertido en el “caso Nisman”.
Los interrogantes y contradicciones se multiplican a medida que cada día aparecen más datos en los medios de comunicación pero sin un portavoz oficial que explique si la investigación avanza.
Alberto Nisman fue hallado muerto, con una bala del calibre 22 en la sien, la noche del 18 al 19 de de enero en su apartamento del lujoso barrio bonaerense de Puerto Madero. Por ahora ninguna razón explica su eventual suicidio sino que varias pistas apuntan a todo lo contrario.
La violenta muerte del fiscal le ha impedido confirmar delante de una comisión parlamentaria, el mismo día 19 de enero, su acusación contra la presidenta Cristina Fernández, el canciller Héctor Timmerman y otros dirigentes oficialistas por presunta obstrucción a la investigación sobre el atentado con coche bomba contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). El atentado causó 85 muertos y 230 heridos el 18 de julio de 1994 en Buenos Aires. Fue atribuido por la justicia argentina a Hezbolá e Irán.
Cristina Fernández rechaza la acusación del fiscal de haber intentado encubrir a Irán a cambio de desarrollo de las relaciones comerciales bilaterales.
Especialista en terrorismo internacional, el fiscal Nisman, de 51 años, estaba encargado desde 2004 del dosier del atentado contra AMIA. Este ataque terrorista, el más mortífero perpetrado jamás en Argentina, ha expuesto a Irán, que niega su implicación, a numerosas acusaciones públicas, incluso desde la tribuna de la ONU.
El misterio sigue rodeando la muerte de Nisman. Decía temer por su vida cuando pidió a un colaborador que le prestara... el arma que le mató. Tenía varias citas acordadas para la semana siguiente e incluso dejó escrita una lista de la compra para una asistenta. Su ex-mujer, la juez federal Sandra Arroyo, rechaza la tesis del suicidio y afirma que su ex-marido estaba amenazado de muerte.
La percepción de impunidad en este caso propio de una novela negra ha escandalizado a la sociedad argentina, que ha protestado en varias ocasiones en Buenos Aires para exigir una investigación exhaustiva sobre la muerte de Nisman.
Manifestantes agitaban carteles diciendo “Cristina asesina”. Medios importantes y los partidos opositores evitan, por su parte, disipar las hipótesis más desfavorables a la presidenta.
La presidenta argentina, que se precipitó el primer día en su página de Facebook en privilegiar la tesis del suicidio, rectificó dos días después para hablar de asesinato. Según ella, el fiscal Nisman habría sido manipulado y después sacrificado por antiguos agentes de los servicios secretos, en el marco de un complot contra el gobierno, con la complicidad de medios de comunicación, agentes económicos y magistrados.
El 26 de enero, en esta ocasión en televisión, Fernández reafirmaba su teoría de la conspiración antigubernamental, sentada en una silla de ruedas como consecuencia de un fractura en el tobillo, lo que proyectaba una imagen probablemente buscada de víctima. La jefa del Estado anunciaba entonces una reorganización de los servicios de inteligencia, que incluye la disolución del principal, la SI (Secretaría de Inteligencia).
Informador del fiscal Nisman, el ex-hombre fuerte de la SI, Antonio "Jaime" Stiuso, y otras responsables de este servicio, habían sido despedidos el pasado diciembre. Por esta razón, favoreciendo la acusación lanzada por la presidenta Fernández, algunos analistas admiten la posibilidad de que la muerte de Alberto Nisman se inscriba en una venganza urdida, entre otros, por destituidos de la SI.
Estimando su vida en peligro, Damián Pachter, primer periodista en haber informado de la muerte del fiscal, se ha refugiado en Israel.
La ONU y varios países piden, como los argentinos, el esclarecimiento de la sospechosa muerte de Alberto Nisman.
Un sondeo publicado el 25 de enero por la revista Perfil reflejaba que la imagen negativa de Cristina Fernández supera el 50 por ciento.
Las elecciones presidenciales y legislativas se celebrarán el 25 de octubre en Argentina. Al término de dos mandatos consecutivos, la presidenta Fernández no podrá, según la Constitución, presentarse a los comicios.
Caso AMIA / Nisman - PETICIÓN DE IMPUTACIÓN DE LA PRESIDENTA FERNÁNDEZ
BUENOS AIRES, 13 de febrero de 2015 (LatinReporters con AFP) - La presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner ha sido formalmente acusada hoy por un fiscal, que pide su imputación, de haber encubierto a altos dirigentes iraníes sospechosos de haber ordenado el atentado de 1994 en Buenos Aires contra la mutualista judía AMIA (85 muertos).
Esta acusación había sido ya formulada en enero por el fiscal Alberto Nisman, muerto cuatro días más tarde de una bala en la cabeza (ver artículo arriba). Afirmaba que Irán había encargado el atentado que habrían perpetrado hombres del grupo armado chiíta libanés Hezbollah y que el gobierno había establecido un plan para proteger a Irán de un procesamiento en Argentina.
El fiscal Gerardo Pollicita ha solicitado este 13 de febrero la inculpación de Cristina Fernández de Kirchner y de su ministro de Asuntos Exteriores, Héctor Timerman, por los delitos de "impedimento o estorbo" a la justicia e "incumplimiento de los deberes de funcionario público".
El juez Daniel Rafecas deberá ahora examinar el dosier de 300 páginas, completado con escuchas telefónicas, y tendrá que decidir si abre o no un procedimiento judicial contra la señora Kirchner.
"Golpismo judicial"
El procedimiento judicial contra la señora Kirchner tiene pocas posibilidades de éxito. Su coalición de centroizquierda, el Frente para la Victoria (FPV) tiene la mayoría en las dos cámaras del Parlamento, a las que eventualmente se solicitaría que levantaran la inmunidad de la presidenta.
En respuesta a un artículo del diario Clarín que anticipaba la petición de imputación de Cristina Fermández, el jefe del gobierno argentino, Jorge Capitanith, ha denunciado un "golpismo judicial".
Matías Carugati, del Instituto de sondeos Management & Fit, estima que estos acontecimientos previsibles son graves desde un punto de vista político e institucional. Considera que los anti-Kirchner estarán fortalecidos en su posición, mientras que sus partidarios denunciarán un intento de desestabilización.
Esta acusación había sido ya formulada en enero por el fiscal Alberto Nisman, muerto cuatro días más tarde de una bala en la cabeza (ver artículo arriba). Afirmaba que Irán había encargado el atentado que habrían perpetrado hombres del grupo armado chiíta libanés Hezbollah y que el gobierno había establecido un plan para proteger a Irán de un procesamiento en Argentina.
El fiscal Gerardo Pollicita ha solicitado este 13 de febrero la inculpación de Cristina Fernández de Kirchner y de su ministro de Asuntos Exteriores, Héctor Timerman, por los delitos de "impedimento o estorbo" a la justicia e "incumplimiento de los deberes de funcionario público".
El juez Daniel Rafecas deberá ahora examinar el dosier de 300 páginas, completado con escuchas telefónicas, y tendrá que decidir si abre o no un procedimiento judicial contra la señora Kirchner.
"Golpismo judicial"
El procedimiento judicial contra la señora Kirchner tiene pocas posibilidades de éxito. Su coalición de centroizquierda, el Frente para la Victoria (FPV) tiene la mayoría en las dos cámaras del Parlamento, a las que eventualmente se solicitaría que levantaran la inmunidad de la presidenta.
En respuesta a un artículo del diario Clarín que anticipaba la petición de imputación de Cristina Fermández, el jefe del gobierno argentino, Jorge Capitanith, ha denunciado un "golpismo judicial".
Matías Carugati, del Instituto de sondeos Management & Fit, estima que estos acontecimientos previsibles son graves desde un punto de vista político e institucional. Considera que los anti-Kirchner estarán fortalecidos en su posición, mientras que sus partidarios denunciarán un intento de desestabilización.
Artículo disponible en francés