Difundir imágenes de abusos policiales, una "infracción grave" ?
España: "ley mordaza" al servicio de la austeridad neoliberal
por Christian GALLOY
MADRID, 14 de diciembre de 2014 (LatinReporters.com) - Calificada de "Ley mordaza" por todos los partidos de la oposición, que la ven como una amenaza a los derechos fundamentales de expresión, de reunión y de manifestación, la "Ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana" promovida por Mariano Rajoy y su Partido Popular (PP, derecha gubernamental) debería entrar en vigor en España en los primeros meses de 2015.
La ley ha pasado el 11 de diciembre la etapa del Congreso de los diputados y espera ahora la luz verde del Senado. En las dos cámaras, el PP dispone de mayoría absoluta.
Pero, en caída libre en los sondeos, el partido gubernamental esta actualmente superado por los socialistas y por Podemos, formación derivada del movimiento de los indignados. La futura nueva ley arriesga por tanto con tener una vida breve, puesto que la oposición es unánime en prometer su derogación en el caso, muy probable, de desaparición de la supremacía parlamentaria del PP en las elecciones legislativas del otoño de 2015.
Rechazada parcialmente o en su integridad por el 82 por ciento de los españoles, según un sondeo de Metroscopia, la "Ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana" contribuirá a la previsible derrota electoral de la derecha.
Su existencia, aunque pueda revelarse breve, habrá confirmado al menos que la imposición de la austeridad ideológica neoliberal, en nombre de una crisis utilizada a menudo como pretexto, esta llamada a desembocar pronto o tarde en una deriva autoritaria y antidemocrática.
Concretamente, en España, será peligroso bajo la nueva ley manifestarse contra la corrupción y contra esta austeridad que ha recortado los derechos de los trabajadores, liquidado el carácter universal de la sanidad pública, atrofiado el presupuesto de la educación y aplastado con nuevos impuestos a los ciudadanos a los que el PP había prometido, en vísperas de las últimas elecciones legislativas, una bajada de la fiscalidad.
Control judicial eliminado
"Es una vuelta al estado policial" y "con la coartada de la seguridad quieren cercenar derechos de los ciudadanos, imponiendo el derecho administrativo y eliminando el control judicial" afirma el diputado socialista Antonio Trevin.
La ley somete en efecto a la sanción administrativa infracciones encuadradas hasta ahora en el Código penal, que garantiza el control judicial. La administración, esencialmente el ministerio del Interior, se convertirá así en juez y parte, decidiendo soberanamente la imposición de sanciones a los autores de infracciones "muy graves", "graves" o "leves", sobre la base de atestaciones policiales consideradas de oficio como pruebas.
En el capítulo de infracciones "muy graves", con la imposición de multas que oscilan entre 30.001 y 600.000 euros, la "Ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana" menciona especialmente "las reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en infraestructuras o instalaciones en las que se prestan servicios básicos". O tambien "la celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas quebrantando la prohibición o suspensión ordenada por la autoridad correspondiente por razones de seguridad pública".
Numerosas manifestaciones contra la austeridad y la corrupción que han sacudido a España desde mayo de 2011 habrían podido entrar en esas dos categorías.
Entre las infracciones "graves", cuya sanción va de 601 a 30.000 euros, la ley cita "la perturbación grave de la seguridad ciudadana que se produzca con ocasión de reuniones o manifestaciones frente a las sedes del Congreso de los Diputados, el Senado y las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, aunque no estuvieran reunidos". Las sedes del poder político citadas aquí han sido precisamente a menudo el objetivo de manifestaciones de los indignados.
Son también mencionados "los actos de obstrucción que pretender impedir a cualquier autoridad, empleado público o corporación oficial el ejercicio legítimo de sus funciones, el cumplimiento o la ejecución de acuerdos o resoluciones administrativas o judiciales". Las acciones ciudadanas contra los desahucios, que prosiguen a un ritmo medio de más de ciento cuarenta y cinco por día, están asi implícitamente apuntadas.
Será arriesgado fotografiar a policías
Otras infracciones "graves": "La desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones" y, atención, "el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes".
Esta última infracción "grave", la más polémica, ha justificado la expresión "Ley mordaza". Incluso si la ley dice querer "respetar el derecho fundamental a la información", la oposición y la mayoría de los editorialistas denuncian la pretensión de impedir o complicar la realización de fotos y vídeos que pueden atestar brutalidad policial en manifestaciones.
En cuando a las infracciones "leves", con multas de 100 a 600 euros, incluyen, entre otras, "las injurias o faltas de respeto y consideración que se realicen en una reunión o concentración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones", "el escalamiento de edificios o monumentos sin autorización" (forma de protesta que utilizan a veces Greenpeace y Amnistía Internacional) o "la remoción de vallas, encintados u otros elementos fijos o móviles colocados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para delimitar perímetros de seguridad, aun con carácter preventivo".
En el Congreso de los diputados, Miguel Ángel Heredia, portavoz del grupo parlamentario socialista, asimilaba el pasado 7 de octubre el polémico proyecto de ley a "la defensa de un determinado orden social, con una rechazable injerencia en los derechos ciudadanos por parte de los poderes públicos, con la disculpa de una pretendida eficacia que se sobrepone sobre los derechos y libertades".
"Aquellos que sacrifican libertad por seguridad o tranquilidad, no merecen tener ninguna de ellas" añadía Miguel Ángel Heredia parafraseando a Benjamin Franklin.
Expulsión inmediata de inmigrantes
Por último, provocando la emoción de un centenar de ONGs y de instituciones españolas y europeas, la "Ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana" pretende también legalizar, introduciendo subrepticiamente una reforma de la Ley de Extranjería, la expulsión inmediata, sin intentar saber si tienen derecho al estatuto de refugiados, a los inmigrantes que cruzan las vallas de seguridad que separan Marruecos de los enclaves españoles de Ceuta y Melilla.
"Es una violación de leyes básicas internacionales de derechos humanos y añadiría que también es una violación de la decencia humana elemental", ha señalado al Huffington Post el relator especial de la ONU sobre los Derechos Humanos de los Migrantes, François Crépeau.
Pablo Iglesias, secretario general de Podemos y diputado europeo, y más de otros cuarenta eurodiputados han hecho un llamamiento al Consejo de Europa para que se pronuncie sobre la legalidad de la "Ley mordaza".
La ley ha pasado el 11 de diciembre la etapa del Congreso de los diputados y espera ahora la luz verde del Senado. En las dos cámaras, el PP dispone de mayoría absoluta.
Pero, en caída libre en los sondeos, el partido gubernamental esta actualmente superado por los socialistas y por Podemos, formación derivada del movimiento de los indignados. La futura nueva ley arriesga por tanto con tener una vida breve, puesto que la oposición es unánime en prometer su derogación en el caso, muy probable, de desaparición de la supremacía parlamentaria del PP en las elecciones legislativas del otoño de 2015.
Rechazada parcialmente o en su integridad por el 82 por ciento de los españoles, según un sondeo de Metroscopia, la "Ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana" contribuirá a la previsible derrota electoral de la derecha.
Su existencia, aunque pueda revelarse breve, habrá confirmado al menos que la imposición de la austeridad ideológica neoliberal, en nombre de una crisis utilizada a menudo como pretexto, esta llamada a desembocar pronto o tarde en una deriva autoritaria y antidemocrática.
Concretamente, en España, será peligroso bajo la nueva ley manifestarse contra la corrupción y contra esta austeridad que ha recortado los derechos de los trabajadores, liquidado el carácter universal de la sanidad pública, atrofiado el presupuesto de la educación y aplastado con nuevos impuestos a los ciudadanos a los que el PP había prometido, en vísperas de las últimas elecciones legislativas, una bajada de la fiscalidad.
Control judicial eliminado
"Es una vuelta al estado policial" y "con la coartada de la seguridad quieren cercenar derechos de los ciudadanos, imponiendo el derecho administrativo y eliminando el control judicial" afirma el diputado socialista Antonio Trevin.
La ley somete en efecto a la sanción administrativa infracciones encuadradas hasta ahora en el Código penal, que garantiza el control judicial. La administración, esencialmente el ministerio del Interior, se convertirá así en juez y parte, decidiendo soberanamente la imposición de sanciones a los autores de infracciones "muy graves", "graves" o "leves", sobre la base de atestaciones policiales consideradas de oficio como pruebas.
En el capítulo de infracciones "muy graves", con la imposición de multas que oscilan entre 30.001 y 600.000 euros, la "Ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana" menciona especialmente "las reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en infraestructuras o instalaciones en las que se prestan servicios básicos". O tambien "la celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas quebrantando la prohibición o suspensión ordenada por la autoridad correspondiente por razones de seguridad pública".
Numerosas manifestaciones contra la austeridad y la corrupción que han sacudido a España desde mayo de 2011 habrían podido entrar en esas dos categorías.
Entre las infracciones "graves", cuya sanción va de 601 a 30.000 euros, la ley cita "la perturbación grave de la seguridad ciudadana que se produzca con ocasión de reuniones o manifestaciones frente a las sedes del Congreso de los Diputados, el Senado y las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, aunque no estuvieran reunidos". Las sedes del poder político citadas aquí han sido precisamente a menudo el objetivo de manifestaciones de los indignados.
Son también mencionados "los actos de obstrucción que pretender impedir a cualquier autoridad, empleado público o corporación oficial el ejercicio legítimo de sus funciones, el cumplimiento o la ejecución de acuerdos o resoluciones administrativas o judiciales". Las acciones ciudadanas contra los desahucios, que prosiguen a un ritmo medio de más de ciento cuarenta y cinco por día, están asi implícitamente apuntadas.
Será arriesgado fotografiar a policías
Otras infracciones "graves": "La desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones" y, atención, "el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes".
Esta última infracción "grave", la más polémica, ha justificado la expresión "Ley mordaza". Incluso si la ley dice querer "respetar el derecho fundamental a la información", la oposición y la mayoría de los editorialistas denuncian la pretensión de impedir o complicar la realización de fotos y vídeos que pueden atestar brutalidad policial en manifestaciones.
En cuando a las infracciones "leves", con multas de 100 a 600 euros, incluyen, entre otras, "las injurias o faltas de respeto y consideración que se realicen en una reunión o concentración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones", "el escalamiento de edificios o monumentos sin autorización" (forma de protesta que utilizan a veces Greenpeace y Amnistía Internacional) o "la remoción de vallas, encintados u otros elementos fijos o móviles colocados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para delimitar perímetros de seguridad, aun con carácter preventivo".
En el Congreso de los diputados, Miguel Ángel Heredia, portavoz del grupo parlamentario socialista, asimilaba el pasado 7 de octubre el polémico proyecto de ley a "la defensa de un determinado orden social, con una rechazable injerencia en los derechos ciudadanos por parte de los poderes públicos, con la disculpa de una pretendida eficacia que se sobrepone sobre los derechos y libertades".
"Aquellos que sacrifican libertad por seguridad o tranquilidad, no merecen tener ninguna de ellas" añadía Miguel Ángel Heredia parafraseando a Benjamin Franklin.
Expulsión inmediata de inmigrantes
Por último, provocando la emoción de un centenar de ONGs y de instituciones españolas y europeas, la "Ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana" pretende también legalizar, introduciendo subrepticiamente una reforma de la Ley de Extranjería, la expulsión inmediata, sin intentar saber si tienen derecho al estatuto de refugiados, a los inmigrantes que cruzan las vallas de seguridad que separan Marruecos de los enclaves españoles de Ceuta y Melilla.
"Es una violación de leyes básicas internacionales de derechos humanos y añadiría que también es una violación de la decencia humana elemental", ha señalado al Huffington Post el relator especial de la ONU sobre los Derechos Humanos de los Migrantes, François Crépeau.
Pablo Iglesias, secretario general de Podemos y diputado europeo, y más de otros cuarenta eurodiputados han hecho un llamamiento al Consejo de Europa para que se pronuncie sobre la legalidad de la "Ley mordaza".